Las políticas de evaluación implementadas en Chile y Argentina son contemporáneas a las desarrolladas por otros estados latinoamericanos. Resulta particularmente interesante la perspectiva con que los países latinoamericanos asumen sus políticas de evaluación, enfocando la mirada en el aspecto formativo de la evaluación y en la responsabilidad social y ética de las instituciones de nivel superior en el desarrollo del continente.
A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, y la consecuente creación de CONEAU, las Universidad argentinas hemos iniciado un proceso continuo de autoevaluaciones y evaluaciones que han reportado grandes beneficios al interior de las mismas como en relación a la apertura a las comunidades en donde se encuentran insertas.
En la Argentina los procesos de acreditación han transitado un camino complejo en orden a la determinación de los efectos de la evaluación, ya que, por tratarse la CONEAU de un organismo descentralizado del Ministerio de Educación –lo cual es valioso ya que otorga transparencia al proceso evaluativo-, las resoluciones de acreditación o no acreditación, particularmente en el grado, han generado confusión, tanto para las instituciones, como para los usuarios del sistema. En este sentido son interesantes los trabajos de países como Holanda o Colombia, que proponen unos estándares mínimos para el funcionamiento de proyectos por un lado, y procesos de acreditación por otro.
Los procesos de evaluación institucional y de acreditación de carreras tanto de grado como de post grado implican un gran esfuerzo por parte de todos los actores implicados, tareas que si fueran asumidos de manera colaborativa por parte de las Universidades de la Región harían de esta tarea un continuo aprendizaje, fundamentalmente solidario en relación a los instrumentos (productos emergentes de las evaluaciones y/o bibliografía) que se utilizan en la misma y los recursos humanos especializados que se generan a partir de cada proceso.